Se aprobó por unanimidad en la Asamblea Regional y aunque sabemos que nos es suficiente supone un primer paso para revertir la situación a su estado inicial, la desaparición de las tasas judiciales.
La imposición de estas tasas, por parte del PP en 2012, tocó claramente el alma del sistema, dejando, como siempre, a los más débiles fuera de él. No podíamos quedar ajenos ante la flagrante injusticia que supone la actual regulación de las tasas judiciales respecto a las pequeñas y medianas empresas, más del 90% de nuestro tejido productivo, y ONG’S”.
La Ley de Tasas creó un problema donde antes lo había, se construyó premeditadamente una barrera económica que afecta a toda la ciudadanía, pero muy especialmente a las clases medias y por supuesto a las más vulnerables, dado que no tenía en cuenta la situación económica del justiciable. Esto no aportó nada más que una voluntad disuasoria y recaudatoria que coartaba a la ciudadanía a ejercer su derecho a reivindicar la tutela judicial efectiva, nada más lejos de lo que debe ser un servicio público.
Asimismo, se piensa en las ocasiones que ONG’S y colectivos ecologistas han acudido a los tribunales de Justicia en defensa de intereses colectivos y se han podido ver apartados del acceso a la justicia, por no poder afrontar, en la mayoría de los casos, el pago de las tasas judiciales.
En el mismo sentido han sufrido indefensión aquellas Pyme que pretendían reclamar una deuda de, por ejemplo, 25.000 euros, esto les suponía pagar una tasa de unos 450 €. Si además tenía "la mala suerte” de perder en primera instancia, y quería recurrir, se veía obligado a pagar 950€ más.
Para Podemos la reclamación de que la justicia “sea igual para todos es una máxima irrenunciable y para ello se deben eliminar todas las tasas que han supuesto una merma para la reclamación de nuestros derechos cívicos. Tampoco, ha servido la implementación de tasas para lo que estaban previstas -supuestamente iban a invertirse en la justicia gratuita-, realmente las tasas han provocado una situación que lo único que ha hecho es poner barreras económicas a los que menos tienen.
Por todo lo anterior, defenderemos que acceso a la justicia no puede depender de la situación económica o posición social de las personas y que tras la aprobación de la Ley de Tasas por el ministro Gallardón en 2012 no había nada más que una voluntad recaudatoria para laminar uno de los pilares básicos de cualquier Estado Social, Democrático y de Derecho, pues esta reforma coartaba a la ciudadanía a ejercer su derecho a reivindicar la tutela judicial efectiva.
