Los datos no engañan, la situación se ha convertido en insostenible para un elevado número de familias que sufren desde hace años el paro y en consecuencia la crisis económica.
El ayuntamiento es la institución más cercana a los que peor lo están pasando y allí es donde se dirigen a reclamar ayuda, trabajo y defensa de sus derechos. Paralelamente, cada día, conocemos los casos de corrupción y despilfarro del dinero público por parte de los políticos y las facilidades que han establecido para un cierto número de “empresas amigas”. Todo esto causa un sentimiento de desesperanza entre los más necesitados y las personas con conciencia social.
El Gobierno Regional se desentiende de sus obligaciones en materia asistencial y no tiene voluntad para cumplir la ley de Servicios Sociales de 2003 por la que se establecen los derechos para las empresas reconocidas como entidades asistenciales, que podrían paliar en una parte el vacío producido por la dejadez de la Consejería de Servicios de Asuntos Sociales. Por ello nuestra diputada, María Ángeles García, ha asegurado que el ejecutivo regional, por no aplicar su propia ley de Servicios Sociales, “está impidiendo las ayudas a estas familias ya que estas entidades asistenciales no tienen preferencia para la celebración de conciertos sociales, ni reciben subvenciones o ni se les aplican exenciones fiscales”.
Tal y como ha explicado María Ángeles, “todo esto es fruto de que no hayan desarrollado la orden por la que se regula el reconocimiento de estas entidades, que ya llevan muchos años prestando servicios con garantía”. Por ello, la diputada de Podemos ha añadido que el Partido Popular “hace leyes con medidas que quedan muy bien de cara a la galería pero que luego, en la práctica y puesta en marcha, no se convierten en algo real”.
Podemos Cieza apuestan porque se desarrolle la orden que permita a estas empresas que tengan carácter preferencial a la hora de acceder a un concierto social, y se ha modificado la ley de Servicios Sociales en este sentido.
